29-09-2021
La voz paraguaya
Para muchos el sistema latifundista quedó en siglos pasados, sin embargo, en Paraguay sigue siendo un puñado de lacras los dueños de más de la mitad del territorio, mientras otros quedan bajo la etiqueta de ‘‘campesinos sin tierra’’.
Ahora incluso ya ni podrán reclamar por nada, serán obligados a resignarse a ser los eternos paraguayos sin tierra en su propia tierra, ya que la única salida encontrada por el gobierno colorado, por el congreso para un problema real en nuestro país, es impulsar un proyecto de Ley por el que se amplía la condena a todo aquel paraguayo, indígena que intente reclamar un pedazo de tierra, tierras malhabidas, que están en disputa.
El mismo gobierno que cuando le conviene se ampara con versículos bíblicos y se dice ‘‘provida’’, traiciona los principios del cristianismo y desampara a los más desprotegidos. Y en complicidad con los terratenientes, con inmigrantes brasileños legitima la violación de los derechos de sus ciudadanos, los ‘‘campesinos sin tierra’’. Estos, por tanto, son capturados por políticos populistas de izquierda y los utiliza a costa de sus necesidades.
De aprobarse esta Ley por el congreso y el Presidente de la República, ya de antemano todo quedará definido, las tierras adjudicadas ilegalmente (tierras malhabidas) nadie podrá cuestionar y, por ende, quedarán pisoteados los derechos que tiene cada paraguayo a un pedazo de tierra garantizado en la Constitución Nacional.
¿Cuándo es que empiezan a haber personas sin una propiedad para trabajar, es decir, los llamados ‘‘campesinos sin tierra’’ en nuestro sufrido país?
Los primeros gobernantes del Paraguay independiente, justamente lucharon y se preocuparon de que ningún paraguayo quede sin su tierra para trabajar. Pero luego de las guerras que tuvo nuestro país hubo un cambio radical, donde aparecieron los privilegiados que empezaron a imponer nuevos sistemas, olvidando que el deseo de los independentistas era justamente que todos los paraguayos pudieran trabajar y sacar provecho de su tierra.
Con la llegada de esta problemática de personas sin un pedazo de tierra, aparece la ‘reforma agraria’.
La famosa y supuesta ‘‘reforma agraria’’ del Partido Colorado, que lleva ya casi un siglo en el poder, explica muy bien las calamidades de nuestro país.
Desde los años cincuenta a la fecha, las sucesivas administraciones coloradas (salvo por una pequeña interrupción de cinco años) han repartido entre tres y diez millones de hectáreas de tierras públicas, casi una cuarta parte del territorio nacional. Pero, ¿a quién han repartido porciones de tierras?
Considerando que hoy apenas pasamos de los siete millones de habitantes, que menos de la mitad vive en el campo, y que de ese grupo solo un tercio se dedica a la producción agroganadera, se supone no debería haber un solo paraguayo o paraguaya sin una propiedad. Ya no debería, pero hay.
Según el Indert, la institución encargada de comprar y vender tierras para la reforma agraria, de esa repartija salvaje de fincas, apenas el 30% aparece perfectamente identificado con sus características y dimensiones en el catastro nacional, y con un título de propiedad apuntado en la Dirección de los Registros Públicos. ¿Y el resto? Sin posibilidad a errar, fue a parar en manos de algún político o negociado impunemente con algún brasileño que explota tierras paraguayas, goza de privilegios, pero que invierte en Brasil.
O sea, siete de cada diez adjudicaciones pueden estar apuntadas en cualquier lugar del mapa y poseer varios títulos de propiedad o ninguno.
En efecto, el Estado tiene otras tierras que podría recuperar. Según el informe Verdad y Justicia emitido hace más de una década, alrededor de ocho millones de hectáreas se adjudicaron a personas que no eran sujetas de la reforma agraria, o les entregaron propiedades que excedían largamente los límites establecidos en la ley.
Algunos despistados que se dicen ‘liberales’, ‘defensores de la propiedad privada’, y que legitiman el abuso de los latifundistas, por fanatismo o ignorancia omiten que la ley claramente establece que ningún paraguayo puede estar sin un pedazo de tierra, que ningún extranjero puede superar un determinado límite de tenencia de tierras y menos ser dueños de tierras en zonas fronterizas. Pero en Paraguay, de manera insólita todo aquello sucede en complicidad, valga la redundancia, con los gobernantes de turno, que siempre son colorados y una minoría del PLRA que solo está para negociar y seguir el juego a quien está en el poder.
La mayor parte de los beneficiarios formaban parte de la banda capitaneada por Alfredo Stroessner, quien otorgaba a sus fieles Militares, comerciantes y amigos cientos de miles de hectáreas de tierras públicas.
LLEGADA DE LUGO
Allá por el 2008, por error del sistema, llega Lugo al poder y entre los escasos cambios positivos que se puede ver en su gobierno, se encuentra el hecho de que quiso enfrentarse a la cúpula colorada que maneja el poder y los grandes terratenientes socios del partido.
La Procuraduría General de la República inició una veintena de juicios con la supuesta intención de recuperar esas fincas. Los perdió todos porque, según los jueces, la institución carecía de legitimidad activa para demandar. De acuerdo con estos, debía hacerlo la misma organización que entregó las tierras, o sea el Indert. Pero el Indert jamás inició ningún juicio.
Mientras, la existencia real de estas tierras adjudicadas ilegalmente (tierras malhabidas) se ha convertido en el argumento principal de organizaciones de campesinos que sin más opciones invaden propiedades asegurando que estas son fincas públicas, o tierras que el Estado entregó a paraguayos y terminaron en manos de colonos extranjeros, terratenientes o grandes empresas mediante ventas fraudulentas.
Por supuesto, la condición marginal de muchos campesinos paraguayos, es utilizada por otros sectores políticos y terminan siendo algunas invasiones orquestadas por agitadores de izquierda, pero los legítimos campesinos desesperados en busca de una tierra, son nuevamente los que sufren las consecuencias, y la respuesta nunca llega.
Desde el mismo partido colorado responsable de este alboroto y que ha estado en el poder suficientes décadas para poner fin al flagelo de tantos paraguayos, solo plantean ahora como única solución aumentar las penas para quienes ‘invadan’ una propiedad. Eso es todo.
Y para ellos, ¿cuándo una pena perpetua por tantos años de saqueo y burla hacia el sufrido pueblo?
la voz paraguaya 
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